jueves, 14 de abril de 2016

¡Algunas opiniones entre miles!

Algunas opiniones entre miles y más
“Desde la Unidad Democrática apoyamos una Comisión de la Verdad que esté acompañada por organismo imparciales como la ONU. Esa comisión que instaló Maduro no llegará a la verdad porque está dirigida por los responsables de los 43 muertos en 2014, de los más de 200 torturados y de las 3000 personas que se le violaron sus derechos por protestar pacíficamente”, declaró.
El parlamentario manifestó que esta acción representa un “contrasentido” pues es el mismo Ejecutivo quien está nombrando una Comisión de la Verdad, sin cumplir con los parámetros establecidos.
 “Las Comisiones de la verdad deben estar conformadas por personas que no forman parte del conflicto y que tengan la observación y el seguimiento internacional, por parte de actores que lo que buscan es ser facilitadores más que mediadores”, resaltó. Luís Florido, diputado por la MUD. El Nacional Web, 14/04/2016
La Asamblea Nacional

Ayer estuvo contundente el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, al denunciar el burdo chantaje del “conductor nacionalofreciendo soltar a los tres diputados electos el pasado 6D y que permanecen presos violándose así  la ley: Rosmit Mantilla, Enzo Prieto y Gilberto Sojo si la Unidad aceptaba participar en la Comisión de la Verdad del gobierno más mentiroso del mundo. Una osadía brutal que de inmediato fue rechazada por los demócratas. Solo con recordar aquella comisión similar tras el golpe de 2002 podemos figurarnos su destino. El régimen sabe que si se mide en cualquier escenario como elecciones de gobernadores, revocatorio, enmiendas y el que se imaginen lo perdería. ¿Se atreverá el que inventa guerras a mostrarle las últimas cifras de pobreza, criminalidad, inflación y cualquier otro parámetro regional o global a los “invitado$”?. Vean el video en @Anauco donde se desmonta la guerra económica autoinflingidaRunrunes portal web. Nelson Bocaranda Sardi 14/04/2016

Un artículo publicado por REDD Latin America firmado por Steven Bodzin and Nneka Etoniru, señaló que —PDVSA le otorgó un mandato a la firma “CP Capital Securities” de Miami para efectuar un “swap” de los bonos que vencen en 2016 y 2017 por un nuevo bono, con condiciones muchísimo más atractivas para evitar la posibilidad de que los acreedores de otros bonos se sientan perjudicados e invoquen la cláusula de Cross–Default, que declararía vencida toda la deuda de PDVSA de forma inmediata.- ¿Por qué escogería PDVSA a CP Capital Securities si ésta no posee experiencia manejando operación de ese tamaño? Estamos hablando de casi 8.600 millones de dólares que vencen en el 2017 más los pagos pendientes por $1.120 millones en Octubre y $2.220 millones en Noviembre de 2016.
Y esto. ¿Qué es?
 ¿Será que nadie más que Lazard Fréres, Rothschild y Deutsche Bank lo estuvieron analizando?. Inclusive se le otorgó un mandato a los alemanes del que prefirieron no hacerse cargo. Lo más curioso de todo esto es que CP Capital Securities y su agente Jorge Reyes están demandados en Miami por la estafa cometida en contra de All Factoring de Venezuela C.A. en Diciembre 2012 por un monto de 8.4 millones de dólares. ¿No habrá otras firmas en todo el mundo con más experiencia, envergadura, seriedad y prestigio para acometer una tarea tan delicada?. El malandraje rojo-en finanzas y petróleo- quiere raspar la olla cueste lo que cueste. Hasta en #PanamaPapers hay evidencias claras… Portal Web, Runrunes 14/04/2016
—Otra más.
La ley de amnistía promulgada el 29 de marzo dispuso que las personas que enfrentan procesos penales o que fueron condenadas por llevar a cabo actividades políticas legítimas —como organizar o participar en protestas públicas con un fin político, publicar información u opiniones críticas del gobierno o sobre cuestiones de interés público, o instar públicamente a otras personas a cuestionar al gobierno— podrían solicitar a la justicia que concluya las investigaciones penales o anule las condenas dictadas en su contra.
La amnistía también se hubiera aplicado a personas condenadas penalmente por difamación, a jueces acusados por delitos tras dictar sentencias que disgustaron al gobierno, y a abogados o defensores de derechos humanos imputados como represalia por realizar su trabajo.
El gobierno se opuso a la adopción de la ley, y procuró por distintos medios armarse de argumentos para desacreditarla. Incluso le pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que analizara si la ley era congruente con estándares internacionales de derechos humanos. El Alto Comisionado emitió posteriormente una declaración indicando que la ley —“generalmente se ajustaba a los estándares de derechos humanos internacionales”.- Aberración jurídica del TSJ , José Miguel Vivanco. Runrunes


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