Algunas opiniones entre
miles y más
“Desde la Unidad Democrática
apoyamos una Comisión de la Verdad que esté acompañada por organismo
imparciales como la ONU. Esa comisión que instaló Maduro no llegará a la verdad
porque está dirigida por los responsables de los 43 muertos en 2014, de los más
de 200 torturados y de las 3000 personas que se le violaron sus derechos por
protestar pacíficamente”, declaró.
El parlamentario manifestó que esta acción representa un
“contrasentido” pues es el mismo Ejecutivo quien está nombrando una Comisión de
la Verdad, sin cumplir con los parámetros establecidos.
“Las Comisiones de la verdad deben estar conformadas
por personas que no forman parte del conflicto y que tengan la observación y el
seguimiento internacional, por parte de actores que lo que buscan es ser
facilitadores más que mediadores”, resaltó. Luís Florido, diputado por la MUD.
El Nacional Web, 14/04/2016
La Asamblea Nacional
Ayer
estuvo contundente el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, al
denunciar el burdo chantaje del “conductor nacional” ofreciendo soltar a los
tres diputados electos el pasado 6D y que permanecen presos violándose así
la ley: Rosmit Mantilla, Enzo Prieto y Gilberto Sojo si la Unidad
aceptaba participar en la Comisión de la Verdad del gobierno más mentiroso del
mundo. Una osadía brutal que de inmediato fue rechazada por los demócratas.
Solo con recordar aquella comisión similar tras el golpe de 2002 podemos
figurarnos su destino. El régimen sabe que si se mide en cualquier escenario
como elecciones de gobernadores, revocatorio, enmiendas y el que se imaginen lo
perdería. ¿Se atreverá el que inventa guerras a mostrarle las últimas cifras de
pobreza, criminalidad, inflación y cualquier otro parámetro regional o global a
los “invitado$”?. Vean el video en @Anauco donde se desmonta la guerra
económica autoinflingida…Runrunes portal web. Nelson Bocaranda Sardi
14/04/2016
Un
artículo publicado por REDD Latin America firmado por Steven Bodzin and Nneka
Etoniru, señaló que —PDVSA le otorgó un mandato a la firma “CP Capital
Securities” de Miami para efectuar un “swap” de los bonos que vencen en 2016 y
2017 por un nuevo bono, con condiciones muchísimo más atractivas para evitar la
posibilidad de que los acreedores de otros bonos se sientan perjudicados e
invoquen la cláusula de Cross–Default, que declararía vencida toda la deuda de
PDVSA de forma inmediata.- ¿Por qué escogería PDVSA a CP Capital Securities si
ésta no posee experiencia manejando operación de ese tamaño? Estamos hablando
de casi 8.600 millones de dólares que vencen en el 2017 más los pagos
pendientes por $1.120 millones en Octubre y $2.220 millones en Noviembre de
2016.
Y
esto. ¿Qué es?
¿Será que nadie más que Lazard Fréres,
Rothschild y Deutsche Bank lo estuvieron analizando?. Inclusive se le otorgó un
mandato a los alemanes del que prefirieron no hacerse cargo. Lo más curioso de
todo esto es que CP Capital Securities y su agente Jorge Reyes están demandados
en Miami por la estafa cometida en contra de All Factoring de Venezuela C.A. en
Diciembre 2012 por un monto de 8.4 millones de dólares. ¿No habrá otras firmas
en todo el mundo con más experiencia, envergadura, seriedad y prestigio
para acometer una tarea tan delicada?. El malandraje rojo-en finanzas y petróleo-
quiere raspar la olla cueste lo que cueste. Hasta en #PanamaPapers hay
evidencias claras… Portal Web, Runrunes 14/04/2016
—Otra
más.
La ley de amnistía promulgada el 29
de marzo dispuso que las personas que enfrentan procesos penales o que fueron
condenadas por llevar a cabo actividades políticas legítimas —como organizar o
participar en protestas públicas con un fin político, publicar información u
opiniones críticas del gobierno o sobre cuestiones de interés público, o instar
públicamente a otras personas a cuestionar al gobierno— podrían solicitar a la
justicia que concluya las investigaciones penales o anule las condenas dictadas
en su contra.
La amnistía también
se hubiera aplicado a personas condenadas penalmente por difamación, a jueces
acusados por delitos tras dictar sentencias que disgustaron al gobierno, y a
abogados o defensores de derechos humanos imputados como represalia por
realizar su trabajo.
El gobierno se opuso
a la adopción de la ley, y procuró por distintos medios armarse de argumentos
para desacreditarla. Incluso le pidió al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos que analizara si la ley era congruente con
estándares internacionales de derechos humanos. El Alto Comisionado emitió
posteriormente una declaración indicando que la ley —“generalmente se ajustaba
a los estándares de derechos humanos internacionales”.- Aberración jurídica del
TSJ , José Miguel Vivanco. Runrunes
